El 16 de noviembre de 1978, Henri Parot y otros miembros del grupo Argala de ETA asesinaban a tiros en Madrid a JOSÉ FRANCISCO MATEU CÁNOVES, magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo y antiguo presidente del desaparecido Tribunal del Orden Público (TOP). Era el segundo asesinato de Parot y su grupo después de haber acabado con la vida de José Luis Legasa Ubiría el 2 de noviembre, en venganza por la denuncia que dos años antes había hecho este empresario contra el aparato de extorsión de la banda.
Con información que les proporcionó Domingo Iturbe Abasolo, el grupo Argala hizo un primer viaje a Madrid para comprobar los datos sobre el domicilio del magistrado, sus horarios, itinerarios y demás rutinas. Con esos datos regresaron al sur de Francia y, pocos días después, volvieron a la capital, robaron dos motos y esperaron a José Francisco Mateu en las cercanías de su domicilio en la calle María de Molina, sabiendo que saldría del mismo en torno a las 9:30 horas. El magistrado era un hombre muy metódico y, como todos los días, dobló la esquina de la calle Claudio Coello para dirigirse a su trabajo. Apenas había recorrido doscientos metros desde el portal de su domicilio, cuando dos de los terroristas, que le esperaban agazapados entre dos coches aparcados en esa calle, se abalanzaron sobre él y le dispararon a quemarropa, provocándole la muerte en el acto. El rebote de uno de los proyectiles hirió de carácter leve en un tobillo al portero de un edificio cercano.
Tras tirotear al magistrado los dos pistoleros huyeron en las motos, en las que les esperaban otros dos terroristas. La Policía tardó quince minutos en llegar al lugar de los hechos debido al intenso tráfico que había a esas horas en Madrid. Sin embargo, la agencia Europa Press especuló con la posibilidad de que un grupo de apoyo a los autores materiales del atentado hubiera formado voluntariamente un atasco de tráfico en la zona, con el fin de facilitar su huida ya que, durante algunos minutos, no transitó por la calle Claudio Coello ningún vehículo. Estas especulaciones no fueron confirmadas por la nota oficial que hizo pública la Policía. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, y una granada sin explosionar que los terroristas perdieron en su huida, además de un cargador. Según otras versiones recogidas de declaraciones a testigos presenciales, tras asesinar al magistrado los terroristas quisieron poner en marcha la moto y, al no poder, empezaron a cundir los nervios, pues varios transeúntes comenzaron a gritarles «asesinos, asesinos». Por ese motivo, tiraron la granada, que no explotó, y tras conseguir poner en marcha la moto, emprendieron la huida.
Inmediatamente después de la llegada de la Policía al lugar del atentado, José Francisco Mateu fue trasladado a la Ciudad Sanitaria La Paz, donde los médicos de guardia no hicieron otra cosa que certificar su defunción y ordenar el traslado del cadáver al pabellón de anatomía patológica del centro, donde le fue realizada la autopsia.
Uno de los hijos de José Francisco, Jaime Mateu, recibió la noticia del asesinato de su padre por los periodistas que se habían desplazado a la calle Claudio Coello, señalando que «esto ya se veía venir». Cuando le preguntaron si su padre había recibido amenazas recientes, respondió que sí, «de ETA y toda esa gente».
Por la tarde se instaló la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos, en la sede del Tribunal Supremo. Al día siguiente, 17 de noviembre, a las doce de la mañana, José Francisco Mateu fue enterrado tras la celebración de la misa de cuerpo presente en la Iglesia de Santa Bárbara. El funeral transcurrió en medio de una gran tensión, con constantes gritos e insultos contra el Gobierno, hasta el punto de que el sacerdote oficiante tuvo que llamar al orden a los asistentes. Entre fuertes medidas de seguridad, con los alrededores tomados por las Fuerzas Antidisturbios, abandonó el templo el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, y demás autoridades que asistieron al funeral. Posteriormente, los restos mortales del magistrado fueron enterrados en el cementerio de La Almudena, de Madrid, entre escenas de dolor de los familiares y nuevos gritos contra el Gobierno y de «Ejército al poder».
El atentado fue condenado por fuerzas políticas de todos los signos políticos, por centrales sindicales, personalidades públicas y diversos colectivos profesionales próximos a la Administración de Justicia. Sin embargo, el senador independiente Lluís María Xirinacs, hizo unas declaraciones que dieron lugar a una investigación de la fiscalía, instada por el Ministerio de Interior, por posible apología del terrorismo, al señalar que la violencia que había sufrido el magistrado Mateu Cánoves al ser asesinado era cualitativamente inferior a la que habían sufrido las personas condenadas por el Tribunal de Orden Público.
Al día siguiente del asesinato, ETA reivindicó el mismo mediante llamada a diferentes medios de comunicación de Bilbao. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de José Francisco Mateu Cánoves.
José Francisco Mateu Cánoves, de 58 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y tenía siete hijos. Uno de ellos, Ignacio Mateu Istúriz, estaba en la Academia General Militar cuando su padre fue asesinado. Tras licenciarse y pedir una gracia especial, ingresó en la Guardia Civil. En 1986, Ignacio fue asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado perpetrado con una bomba trampa en Arechavaleta (Guipúzcoa). José Francisco Mateu Cánoves ingresó en la carrera judicial en 1947 y estuvo destinado en diferentes juzgados. Posteriormente, como miembro del cuerpo de Magistrados de Trabajo, estuvo destinado en Lugo, Mieres, Orense y la Audiencia Provincial de Lérida. Formó parte del Tribunal de Orden Público desde su constitución en 1964 y hasta su disolución en 1977, primero como juez y, desde 1968, como presidente. Cuando fue asesinado era magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo.
Su hijo Ignacio Mateu Isturiz fue asesinado tambien por ETA, el 26 de julio de 1986.
